La propuesta de vivienda de la izquierda de clase y la política teatral de la «izquierda postmoderna»
Carlos Martínez es presidente de Soberanía y Trabajo y urbanista
La crisis de la vivienda en España no es una catástrofe natural, sino una catástrofe social cuidadosamente diseñada. Cuando los jóvenes entregan más de la mitad de sus ingresos al casero, cuando Maricarmen, de 87 años, es desalojada de la casa en la que ha vivido durante 70 años, cuando los centros urbanos se convierten en colonias de apartamentos turísticos, no nos enfrentamos a un «fallo» del mercado, sino a un saqueo sistemático de una clase sobre otra. En este saqueo, la derecha y la ultraderecha desempeñan el papel de verdugos honestos, mientras que la «izquierda» postmoderna desempeña un papel más insidioso: organizan protestas, ocupan plazas, gritan consignas, pero evitan cuidadosamente los verdaderos problemas estructurales: la propiedad del suelo y el parque de vivienda pública.
El problema fundamental eludido: la tierra
Desde una perspectiva de economía política marxista, la raíz de la crisis de la vivienda reside en la capitalización del suelo. La escasez de suelo urbano en España no es una dotación natural, sino fabricada artificialmente: mediante la contracción deliberada de la planificación urbanística, el acaparamiento de los especuladores del suelo y el proceso de financiarización que convierte la vivienda de valor de uso en valor de cambio. Por tanto señalo que la actual arquitectura de las comunidades autónomas es un «instrumento de obstrucción deliberada», un «Estado mal construido», que permite a las comunidades autónomas gobernadas por el PP obstruir sistemáticamente cualquier política de vivienda eficaz y a las demás, no hacer nada. Pero el problema más profundo es: ¿por qué la construcción de vivienda depende siempre de promotores privados? ¿Por qué el parque de vivienda pública se encuentra entre los más bajos de Europa? La respuesta radica en que España nunca ha llevado a cabo una verdadera reforma agraria, ni una política de propiedad de suelo urbano al menos semejante a otros estados europeos.
La historia de la legislación del suelo en España es en sí misma una historia de lucha constante y fracaso constante contra la especulación del suelo. Desde la Ley del Suelo de 1975 hasta la Ley de Régimen del Suelo y Valoraciones de 1998, cada ley reconocía en su preámbulo que «el fuerte crecimiento del precio del suelo supera cualquier límite razonable», pero ninguna logró frenar realmente esta tendencia. La ley de 1998 supuso un giro radical: abandonó el control del mercado del suelo y pasó a «adaptarse a la demanda, aumentando el suelo puesto en el mercado», lo que en esencia entregaba la potestad de planificación del suelo a los promotores privados. Las consecuencias de este giro legislativo fueron catastróficas: permitió a los grandes propietarios del suelo y a los grandes promotores manipular los precios controlando la oferta de suelo, mientras que la construcción de vivienda pública quedó marginada como una «obra benéfica» en lugar de un derecho estructural.
Las limitaciones del Sindicato de Inquilinas: la lucha en la esfera de la circulación
Las demandas del Sindicato de Inquilinas —congelación de alquileres, prohibición de desalojos, contratos indefinidos, prohibición de compra de vivienda con fines de inversión— son sin duda importantes, pero sus limitaciones son igualmente evidentes. Estas medidas actúan en la esfera de la circulación, no en la esfera de la producción. Se trata de una lógica de lucha «consumista»: intentar que el trabajador sea menos explotado en un mercado que lo explota, en lugar de cambiar la estructura misma de la explotación.
Más fundamental aún: el Sindicato de Inquilinas afirma explícitamente que «el problema no se puede resolver solo construyendo más viviendas», lo que precisamente revela el defecto de su marco teórico. Si el parque de vivienda pública no aumenta, si la estructura de propiedad del suelo no cambia, entonces la regulación del mercado de alquiler existente solo puede ser un juego de suma cero: una lucha entre caseros e inquilinos, no una lucha de la clase trabajadora contra el capital financiero. Sin vivienda pública como opción de salida, el efecto del control de alquileres es necesariamente limitado, porque los inquilinos no tienen opción de salida y los caseros siempre encuentran formas de eludir la regulación: convirtiendo viviendas en alquiler turístico, dejándolas vacías, o mediante el relato de pánico de la «inquiokupación» es decir inquilinos que después se niegan a pagar lo pactado, un discurso muy utilizado por las derechas.
El plan de soberanía habitacional: un millón de viviendas públicas e intervención estructural
El plan de «un millón de viviendas públicas de alquiler» propuesto por Soberanía y Trabajo tiene su radicalidad no en la cifra en sí, sino en el principio que implica: la des mercantilización de la vivienda requiere que el Estado intervenga como productor y no solo como regulador. Esto es coherente con la lógica del plan de «vivienda para todos» propuesto por Bernie Sanders en Estados Unidos: crear un sector de vivienda no mercantil mediante una gran inversión pública, ejerciendo así una presión estructural sobre el mercado de alquiler privado.
Al mismo tiempo, es imprescindible reformar la ley del suelo. Como analiza Soberanía y Trabajo, la ley de vivienda de Unidas Podemos y el PSOE fracasó precisamente porque «nació coja»: su aplicación efectiva dependía de la voluntad de las comunidades autónomas, y aquellas gobernadas por la derecha boicotean sistemáticamente cualquier intervención. La política socialista del suelo debe revertir este proceso: recentralizar la potestad de planificación del suelo bajo control democrático, imponer impuestos punitivos al suelo vacante y autorizar a los organismos públicos a expropiar suelo por su valor de uso y no por su valor de mercado.
La trampa de la «izquierda postmoderna»
La crítica de frente que le hago a la «nueva izquierda engreída, verde y postmoderna» da en el clavo por mucho que moleste o sea objeto de burla. Al analizar los tres «venenos» de la izquierda, hemos de señalar: la izquierda identitaria «sustituyó la lucha de clases por el carné de identidad de las minorías», dividiendo al pueblo en «categorías irreconciliables»; la izquierda cultural «convirtió la política en estética», cuyo resultado es un «activismo ruidoso en las redes, inofensivo para el poder real»; y la izquierda «realista» aceptó las reglas del imperio como «ley natural». La consecuencia común de estas tendencias es: la clase trabajadora queda desarmada, mientras el capital campa a sus anchas.
Estas organizaciones realizan en esencia una «protesta controlada». Sus demandas son reformistas, pero se envuelven en una pose «radical», absorbiendo así la energía que debería orientarse hacia un cambio más fundamental. Más peligroso aún: estas organizaciones suelen estigmatizar a cualquiera que cuestione sus métodos como «ultraderechista» o «rojipardo». Se trata de una estrategia discursiva: al simplificar la política de clases en símbolos culturales, evitan una pregunta incómoda: ¿por qué, tras años de gobiernos «progresistas», la crisis de la vivienda se ha agravado?
La franqueza de la derecha y la traición de la izquierda
La posición de la derecha y la ultraderecha sobre la vivienda es al menos franca: sirven a los propietarios y se oponen a cualquier intervención que pueda perjudicar los ingresos por alquiler. Las comunidades autónomas controladas por el PP boicotean sistemáticamente la aplicación de la Ley de Vivienda, y Vox califica cualquier control de alquileres de «comunismo». Su relación con los fondos buitre y los lobbies inmobiliarios es pública y desvergonzada. Cuando el PP critica al Sindicato de Inquilinas como un «sindicato autopercibido», su intención es clara: solo los propietarios tienen derecho a decidir la política de vivienda.
Lo verdaderamente indignante son aquellas fuerzas políticas que dicen representar a los trabajadores pero sirven al capital financiero. Cuando el Sindicato de Inquilinas pidió a CCOO y UGT una huelga general de vivienda, el silencio de estos sindicatos expuso su verdadera naturaleza: son pilares del sistema, no sus impugnadores. La cobardía del PSOE en materia de vivienda —solo bajo la presión de Junts considera tímidamente limitar la compra de vivienda por fondos buitre— no es casual, sino expresión de su esencia de clase.
Hacia una nueva estructura política del movimiento obrero
La verdadera solución a la crisis de la vivienda requiere una forma de organización diferente a todas las formas políticas actuales. Afirmo que se necesita «honestidad desde la raíz: reconocer que la actual ‘izquierda occidental’ es parte del problema». Esta organización debe enraizarse en la unidad del lugar de trabajo y la comunidad, rechazar el modelo de «incidencia» propio de las ONG y mantener la independencia de clase. Su programa no puede limitarse al control de alquileres, sino que debe incluir: la socialización del suelo, el dotarse de un poderoso ente público del sector de la construcción y la garantía constitucional de la vivienda como derecho básico, lo cual requiere un cambio de Constitución.
El desalojo de Maricarmen no es un caso individual que deba «resolverse», sino un símbolo que debe entenderse como experiencia cotidiana de una clase. La raíz de la crisis es el «imperialismo: la acumulación de capital a costa de los pueblos». La crisis de la vivienda, junto con la guerra, la austeridad y el papel de la UE como «gendarme neoliberal», son productos del mismo sistema. Solo cuando el movimiento obrero vuelva a aprender a decir la palabra «socialismo» y la vincule a demandas materiales concretas —vivienda digna, trabajo estable, vida digna— podremos empezar a hablar de un cambio real. Hasta entonces, no hacemos más que deambular entre distintos teatros, viendo a distintos actores representar el mismo guion.