Por una regulación migratoria con justicia social y planificación obrera
Desde una vocación de clase, internacionalista y no globalista, queremos abordar con la calma y la responsabilidad que el momento requiere el debate sobre el proceso de regulación migratoria emprendido por el gobierno español. Para nosotras y nosotros, la clase obrera es, por definición, internacional. No existen trabajadores ilegales ni extranjeros de segunda: toda persona que pone su fuerza de trabajo al servicio de la producción merece los mismos derechos, la misma dignidad y la misma protección. Partimos, sin embargo, de una verdad incómoda que la izquierda institucional y los grandes medios silencian. El colonialismo no terminó con las independencias formales. Se transformó. Durante siglos, los estados occidentales expoliaron los territorios colonizados, robando recursos, imponiendo fronteras artificiales y destruyendo economías locales. Ahora emerge una nueva fase de ese mismo colonialismo: la extracción sistemática de personas jóvenes y preparadas de las antiguas colonias. Es una operación diseñada no por la solidaridad, sino por las grandes corporaciones y las patronales europeas, que necesitan mano de obra dócil, sin derechos consolidados, para abaratar costes, precarizar condiciones laborales y elevar sus márgenes de beneficio. Esta extracción de talento y juventud —a menudo llamada “fuga de cerebros” o “migración laboral”— es en realidad un saqueo demográfico. Los países empobrecidos invierten recursos públicos en formar maestros, enfermeras, ingenieros y agricultores, y luego Europa se los arrebata sin compensación alguna, mientras los gobiernos de esas naciones —muchas veces corruptos o sometidos a dictados del FMI— no pueden retener a su propia población. A ello se suman las guerras regionales que las potencias de la OTAN y la Unión Europea provocan, financian o alimentan con venta de armas y vetos diplomáticos. No es libre movimiento: es expulsión forzada por el hambre, la violencia y la desposesión.
Dicho esto, reiteramos con claridad: todos los trabajadores, sea cual sea su origen, tienen derecho a buscar una vida digna y a disfrutar de plenos derechos sociales y laborales en igualdad. Nadie es ilegal. Y el actual proceso de regulación impulsado por el gobierno español, en su intención declarada de regularizar a medio millón de personas, contiene un principio de justicia para
quienes ya viven y trabajan en nuestro suelo. Sin embargo, no podemos ignorar que la forma en que se está ejecutando esta regulación es profundamente problemática y, paradójicamente, beneficiosa para la derecha y la extrema derecha.
¿Por qué? Porque se acomete una regulación masiva sin haber mejorado previamente los servicios públicos, sin planificar las necesidades sanitarias, de vivienda y educación de estas personas ni del resto de la clase trabajadora. No se construyen hospitales, no se amplían las escuelas públicas, no se garantiza un parque público de vivienda digna. Las listas de espera sanitarias se alargan,
el alquiler se come más de la mitad del salario, y las plazas educativas se saturan mientras se cierran aulas rurales. Mientras tanto, las patronales siguen trayendo personas sin control democrático alguno, sin exigir que se refuercen los derechos colectivos y sin que ningún plan público acompañe esa llegada. Este desajuste no es un accidente. Es una estrategia. Un proceso de regulación farragoso, burocrático, descoordinado y sin refuerzo de servicios solo genera dos consecuencias: por un lado, los trabajadores migrantes siguen siendo vulnerables, explotados y mal alojados; por otro lado, una parte de la clase obrera autóctona, abandonada por el Estado y empujada a la precariedad, empieza a percibir a los recién llegados como una amenaza en lugar de como compañeros de lucha. Y ahí es donde el fascismo y el racismo encuentran su caldo de cultivo: en la ausencia de planificación, en la competencia por recursos escasos, en el silencio cómplice de un gobierno que regula sin construir.
No es racista señalar que 500.000 regularizaciones sin vivienda pública, sin inversión sanitaria y sin plan educativo son una irresponsabilidad. Es socialista exigir que los derechos de todos los trabajadores se garanticen con servicios públicos universales y de calidad. No es derechista advertir que la inmigración masiva, tal como la gestionan las élites, es un instrumento de rebaja salarial y desprotección colectiva. Es de clase denunciar que las patronales utilicen a los
migrantes como fuerza de trabajo barata y en ocasiones semi-esclava. Por eso, desde este comunicado, proponemos:
1. Una regulación sí, pero acompañada de un plan de emergencia en vivienda pública, sanidad y educación, financiado con tasas a las grandes empresas que contratan mano de obra migrante y con una reforma fiscal progresiva y/o mediante la aplicación del trabajo garantizado.
2. Acabar con la burocracia humillante que mantiene a tantos trabajadores en la irregularidad durante años. Permisos de residencia y trabajo automáticos con la demostración de un empleo real y unos derechos reconocidos.
3. Control democrático de los flujos migratorios, no desde la policía sino desde los sindicatos y los movimientos sociales, para impedir que las patronales impongan una mano de obra importada al objeto de empeorar las condiciones laborales. Los mismos empresarios que financian a la extrema derecha, abusan de trabajadores inmigrantes.
4. Exigir a la Unión Europea que deje de financiar guerras y golpes de estado en las antiguas colonias, que cancele la deuda externa y que establezca mecanismos de compensación por el expolio histórico y la extracción de personas.
La clase obrera es internacional, pero el internacionalismo no es un cheque en blanco a la patronal. El internacionalismo consiste en que un trabajador de Senegal, Rumanía o Andalucía tenga el mismo techo, la misma sanidad y la misma escuela. Y eso no se logra con regulaciones aisladas y servicios públicos desfondados. Se logra con soberanía planificada al servicio del trabajo, no con fronteras abiertas para los negocios y cerradas para los derechos. Regulemos, sí, pero regulemos con vivienda, con sanidad, con educación. De lo contrario, estaremos alimentando al monstruo que dice odiar la lucha de clases: el fascismo que convierte la migración en chivo expiatorio. No lo permitiremos.