1.- La preocupación social crece con el problema de la vivienda
Las amenazas de desahucios y sus ejecuciones no paran, en muchos casos se realizan sobre personas que residen en viviendas que pertenecen a los Bancos o a los fondos de inversión. La pretensión es la de expulsar de sus casas a vecinos con el objetivo de vender los inmuebles por cantidades de dinero que superan su coste original. También, son públicos los casos de políticos que incitan a los fondos de capital riesgo y gestores de fortunas extranjeros a que inviertan en nuestro país en comprar hipotecas impagadas o en riesgo de caer en morosidad, con unos descuentos que superan habitualmente el 50%; a veces se quedan con el piso o local para rehabilitarlo y ponerlo de nuevo en el mercado por un precio mucho mayor al de compra. En este contexto, resulta descarado y alarmante que el gobierno estatal como algunos gobiernos autonómicos no se preocupen por planificar las políticas de vivienda que resuelvan las necesidades de los ciudadanos y se centran, sobre todo, en construcciones y políticas fiscales que favorecen a las rentas medias y a las más altas y grandes herencias, que luego utilizan su creciente fortuna para comprar más pisos con los que especular. Según un informe parlamentario del propio gobierno de Madrid hay más de 10.500 propietarios con más de 3 viviendas, siendo unos 2.000 los propietarios con más de 10 pisos.
Según el Catastro e informaciones del diario.es, en Madrid, hay unos 150.000 pisos en manos de grandes tenedores saliendo a una media de 75 pisos por cada tenedor. En definitiva, nos movemos en una lógica especulativa que prioriza el negocio y la especulación al derecho a la vivienda. Todo esto se ve agravado por la escasez de vivienda social. La inversión en este sector ha sido escasa, lo que dificulta que las personas en situación de vulnerabilidad encuentren alternativas dignas. Si es legal cobrar 1.500 euros por un piso de 40 metros cuadrados, si es legal expulsar a familias enteras al finalizar un contrato o porque se queden sin ingresos con los que pagar el alquiler, si es legal convertir barrios en alquileres turísticos mientras miles de personas no pueden permitirse una vivienda, entonces está claro: la legalidad está del lado de los especuladores, lo que es una clara muestra del fracaso del modelo capitalista de vivienda.
2.- Los salarios no suben al compás del precio de los alquileres y la vivienda
Los últimos datos de la Encuesta de Estructura Salarial recogen que el 90 % de la población trabajadora gana menos de 2.500 euros netos en 14 pagas, el 50 % no pasa de los 1.400 euros netos. El precio de la vivienda, combustibles y alimentos creció mucho más que los salarios. El hecho es que la vivienda es una de las causas por las que la clase trabajadora se empobrece, mientras otros ganan con el negocio de la vivienda, “fondos buitre, grandes constructoras, industria turística, bancos, instituciones públicas y rentistas de todos los tamaños”. Sin embargo, las cosas no cambian, parece que vayan a seguir igual. Los políticos utilizan este descontento para diferenciarse de sus rivales y proponen medidas que justifican como sociales pero que realmente favorecen el negocio de empresarios y propietarios. En este orden de cosas, el gobierno español (PSOE-Sumar) conocedor de que el grave problema de la vivienda está movilizando a amplios sectores de la sociedad, no le ha quedado más remedio que intentar hacer algo para que se vea que quiere solucionarlo. Así, el Ejecutivo español, después de aprobar una Ley de la Vivienda que ni paraliza los desahucios ni el precio de los alquileres, anunció un plan de 12 medidas para las mejoras en el acceso a la vivienda. Estas consideraban la creación de una empresa pública para la construcción masiva de viviendas de alquiler asequible, las ayudas fiscales a propietarios y garantías de compensación a los posibles impagos, regularización de los pisos turísticos a sabiendas de las competencias que tienen las comunidades autónomas y controlar la compra de viviendas por inversores extranjeros no comunitarios. En el caso concreto de Extremadura, el gobierno regional sigue el mismo camino, promete la construcción de viviendas que no tienen nada de sociales, alimentando el negocio.
3.- No es un problema de escasez de viviendas, es de acceso a la vivienda
Acceder a una vivienda digna es esencial para la estabilidad emocional y social de las personas. Vivimos en una sociedad en la que se permite que algunos acumulen 16, 20, 30 viviendas mientras otros viven en la calle, esto pone de manifiesto que el sistema capitalista ha fracasado como modelo civilizatorio. Según los datos del Banco de España y de otras instituciones, el número de viviendas vacías en el estado español alcanza los 4 millones. Extremadura es una de las comunidades españolas con más viviendas vacías. Con más de 123.000 casas o pisos sin inquilinos de un total de 698.000 viviendas que tiene la comunidad (lo que supone casi un 18% de hogares sin uso), la región se sitúa entre las cinco comunidades autónomas del país con peor situación. En definitiva, no nos encontramos ante un problema de oferta porque haya una escasez de viviendas, el qui de la cuestión es el acceso a la vivienda. Las viviendas que hay sirven a intereses especulativos y las políticas que se hacen siguen beneficiando al mercado inmobiliario, resultando muy difícil con las mismas conjugar y resolver los intereses de los especuladores y de quienes quieren acceder a un recurso habitacional. “El Gobierno central ha gastado más de 200.000 millones de euros de 2023 a política de vivienda entre 1982 y 2022. La mayor parte de este gasto corresponde a desgravaciones fiscales fundamentalmente a constructoras y grandes propietarios, pero también en el IRPF. Sólo en la deducción fiscal por inversión en vivienda se han gastado 162.000 millones de euros en estos cuarenta años” (1). En España con el Plan Estatal de la Vivienda y en Extremadura con el programa de construcciones anunciado se persiste en revitalizar nuevamente el problema. Un nuevo ciclo de construcciones para las clases medias con los municipios aportando el suelo, la Junta de Extremadura la financiación con dinero a préstamo de los Bancos que se llevarán beneficio con las grandes constructoras; también, se aprueban exenciones fiscales y programan ayudas al alquiler y a la rehabilitación, con el objetivo de que los propietarios alquilen sus viviendas. Estas ayudas en nada favorecen a los sectores más empobrecidos de la población obrera, son inalcanzables para ellos.
4.- La clase obrera no está en el proyecto político de los partidos parlamentarios
Hay diferencias notables entre lo que se propone cuando se está en la oposición a lo que se realiza cuando se está en la gestión gubernamental. Según la posición institucional cambia la forma de ver las cosas. En el gobierno, los políticos quedan atrapados en las redes institucionales abandonando lo prometido en la oposición. De este modo, el reformismo socialdemócrata (PODEMOS, SUMAR, IU, PCE, PSOE) ha provocado desencanto y desengaño en la población trabajadora. Estas circunstancias son aprovechadas por la derecha más reaccionaria y retrógrada (PP, VOX) para presentarse como protagonista contra la mentira y la corrupción política, proclamando la aporofobia, culpabilizando a las personas más vulnerables y a los inmigrantes como responsables de los problemas del mercado de la vivienda y ofreciendo la recuperación anacrónica de la simbología del nacionalismo imperialista español. Algo de todo esto ocurre en el parlamento extremeño. Allí no se debate ni se aprueba nada que tenga que ver con la mejora en las condiciones de vida de la clase obrera. Las discusiones parlamentarias se centran en las pequeñas corruptelas cometidas por alguno de los gobernantes o en demostrar quién da más apoyo a proyectos que benefician a las clases propietarias, tales como los regadíos de Tierra de Barros, la defensa de la central nuclear de Almaraz, cuyo tiempo de vida está más que agotado, pero que sigue siendo una fuente de ingresos y beneficios para Iberdrola y otros grandes inversores: Iberdrola Generación Nuclear, S.A.U. en un 53%, de Endesa Generación, S.A.U en un 36% y de Gas Natural Fenosa Generación, S.L.U. en un 11%). El gobierno regional del PP, como antes el del PSOE, discuten muy preocupados por ver quien defiende mejor la reducción de las medidas fiscales que afectan a las clases medias y a la pequeña burguesía extremeña.
5.- En la sociedad capitalista no hay derecho a la viveinda. Algunas propuestas
El miedo al poder, así como la batalla cultural y mediática que realizan todos los medios de comunicación fieles a la burguesía están impidiendo la movilización de sectores de la población que padecen estos problemas. En todo caso, se utiliza la preocupación social para reforzar la vivienda como mercancía para la especulación; las medidas que se toman intentan atacar la escasez de oferta, unas son bastante inútiles y otras refuerzan el negocio mercantil y especulador de la vivienda; a saber, las referencias a zonas tensionadas, las ayudas fiscales o construcciones de viviendas para las clases medias a las que no pueden acceder las clases más empobrecidas de la sociedad, etc. Desde nuestro punto de vista, tenemos claro que la vivienda universal, gratuita y de calidad no es posible en una sociedad capitalista. La solución vendrá cuando el suelo sea público, la vivienda no sea una mercancía, y los recursos se planifiquen para la satisfacción de las necesidades sociales. Sólo en un Estado Socialista será posible una vivienda gratuita, universal y de calidad. Mientras tanto, nuestras propuestas paliativas tienen que ir en dos direcciones: Dando la batalla cultural, explicando cómo es el negocio de la vivienda en el sistema capitalista, y exigiendo con urgencia medidas contra el negocio inmobiliario y por el derecho a la vivienda. Entre otras, la bajada de todos los precios y alquileres; suspensión de las viviendas turísticas mientras haya necesidades de viviendas, mientras las casas sigan siendo mercancías, dedicarlas al turismo será la forma preferida de los propietarios, tanto mayores como pequeños, de obtener una mayor rentabilidad, especialmente en un momento en el que las clases medias ven peligrar su posición; eliminación de ayudas a los rentistas; negativa a relanzar el negocio del ladrillo que como está concebido beneficia a las clases medias, instituciones bancarias y constructoras; las construcciones de viviendas por parte de las administraciones públicas deben hacerse previo conocimiento de las necesidades de las poblaciones más vulnerables, en aquellos territorios en donde no haya otra posibilidad; expropiación por el estado de las viviendas en manos de los bancos, fondos de inversión y grandes propietarios para destinarlas al alquiler social y devolución de los miles de millones concedidos cuando la crisis bancaria para programas al derecho a la vivienda.
6.- La inevitable salida de la UE
La salida de la UE es una necesidad indiscutible dado que según los expertos las disposiciones jurídicas que nos afectan por la pertenecían a esta entidad supranacional limitan la autonomía del estado español, e impiden acciones que ataquen de raíz el negocio turístico, la penetración de fondos de inversión que compran lotes de viviendas, la expropiación a las entidades bancarias de bienes inmobiliarios o mobiliarios, etc. No obstante, no sólo será la UE la que se opondría a todas las decisiones que se tomen contra la especulación, también será la propia burguesía la que defenderá a muerte sus negocios con el suelo y la vivienda desde los aparatos del estado. Por tanto, un gobierno que quiera realizar las transformaciones sociales que pretendemos deberá tener un poderoso apoyo popular. En todo caso, habría que recordar las referencias que hacía Marx relativas al poder, “que nunca se debería tomar el poder si no hay fuerza suficiente para meter miedo a la burguesía”; “para que el gobierno arrebate a la burguesía su poder económico y su influencia política”. Las medidas de urgencia deben rascar el bolsillo de los especuladores, sobre todo, que no se utilice el dinero público para engordar aún más sus carteras. Las instituciones burguesas, bien sean locales, provinciales, autonómicas gobernadas por los partidos del sistema, nunca podrán garantizar dicho derecho, porque no pueden y, además, no tienen voluntad para hacerlo. En el sistema capitalista, las instituciones y los partidos-empresas que las gestionan siempre trabajarán al servicio del capital. Y esto choca frontalmente con los intereses de la clase trabajadora, a la que, como mucho, en el intento de calmarla o desactivarla, se le proporcionan algunas migajas. Sólo una transformación profunda de la sociedad, una transformación en la forma en que se toman las decisiones, en la que se gestionan los recursos, en la forma en la que se atienden las necesidades humanas podrán solucionar el problema de la vivienda, lo que implica acabar con la sociedad capitalista.
(1) Datos obtenidos de LAHAINE, 24 de octubre 2024 (sobre las políticas de vivienda)
Juan Viera de Soberanía y Trabajo – Extremadura