El caos de la sumisión a la UE: más armas, más guerra, más incendios y más accidentes ferroviarios
Los recurrentes incendios que cada año asolan nuestras tierras y el deterioro de nuestro transporte no son hechos inconexos. Ambos tienen un origen común, que es la obligación de España en cuanto a las reglas fiscales y de estabilidad presupuestaria de la Unión Europea. El análisis de la inversión pública en España evidencia una clara asimetría entre el fuerte repunte del gasto militar y los servicios esenciales como la prevención de incendios y el transporte ferroviario.
España incrementó un 50% el gasto de defensa, superando por primera vez en tres décadas el 2% del PIB. El presupuesto gestionado por el Ministerio de Defensa escaló desde los 11.172 millones de euros en 2018 hasta superar los 35.400 millones de euros. A pesar de que la Unión Europea reclama de manera general el control del déficit, el gasto militar contrasta con la rigidez aplicada a los techos de gasto ordinarios. La gravedad de las oleadas de incendios forestales sufridas en el territorio español pone de manifiesto las carencias en la inversión estructural destinada a la gestión forestal. Se dedica muy poco a la prevención, además de contratarse poco personal fijo, como denuncian colectivos de bomberos forestales, que la falta de reposición de bajas ha reducido los efectivos disponibles para las campañas de prevención de alto riesgo, dejando las áreas forestales vulnerables ante la acumulación de biomasa y el abandono rural. De una manera paralela, el transporte público, y en especial la red operada por Renfe y Adif, ha encadenado meses de incidencias, averías crónicas y protestas sindicales que los usuarios relacionan de manera directa con un déficit acumulado en la inversión operativa. Aparte de la dependencia de la UE, hay otro problema. La separación de competencias entre el Estado central y las Comunidades Autónomas actúa como un amplificador del deterioro de los servicios públicos, fragmentando las inversiones y diluyendo las responsabilidades políticas. El modelo descentralizado de España reparte las responsabilidades de una forma que a menudo genera descoordinación, duplicidades o vacíos presupuestarios, dejando al usuario final desprotegido en un cruce de reproches políticos.
El deterioro coordinado de los servicios esenciales y el desplazamiento de las prioridades de gasto hacia el ámbito militar ponen de manifiesto una progresiva pérdida de soberanía.
¿Por qué nos abruman con información sobre el calor veraniego pero no sobre la desprotección real ante catástrofes inmediatas, como incendios estructurales o inundaciones como la DANA que asoló Valencia? La narrativa del cambio climático se repite de forma constante en los medios de comunicación y la publicidad porque ha sido asimilada por el sistema financiero y corporativo como un nuevo nicho de mercado. Centrar el debate en una crisis global y difusa sirve como un escudo político frente a la negligencia administrativa. Cuando un incendio forestal devasta miles de hectáreas por falta de prevención invernal, o una riada destruye un municipio debido a un urbanismo descontrolado en zonas inundables, la respuesta oficial recurrente suele ser achacarlo a eventos como fenómenos inevitables, lo que diluye la responsabilidad de los gobernantes. Así se evita admitir que la tragedia es el resultado directo de la falta de mantenimiento de las infraestructuras, la escasez de personal de emergencias o la firma de planes urbanísticos temerarios en favor de la especulación del suelo.
Cuando los presupuestos de un país no se diseñan en función de las necesidades tangibles de su población (como un tren fiable o montes protegidos), sino para cumplir de manera estricta con los techos de déficit impuestos por organismos supranacionales (UE) o los compromisos de gasto militar adquiridos con alianzas exteriores (OTAN), el resultado es un pueblo desprotegido y al albur de los intereses económicos de los fondos de inversión.
Un país que no tiene la capacidad soberana de blindar su inversión en infraestructuras críticas y seguridad civil frente a las presiones del mercado o de la geopolítica internacional, externaliza el bienestar de sus ciudadanos. La soberanía es la autonomía material de un pueblo para decidir que la protección de su territorio, su cohesión social y la calidad de sus servicios públicos están por encima de cualquier exigencia fiscal o militar extranjera. Sin esa soberanía económica, el Estado queda reducido a un mero administrador de recortes programados por fondos especuladores.
Soberanía y Trabajo, julio de 2026.