La lucha de clases en tres asuntos concretos
Juan Viera
Conviene plantear tres cuestiones importantes presentes en la política extremeña, pero que a su
vez tienen una repercusión importante en la política nacional. La energía nuclear, con el cierre
de ALMARAZ que la derecha y el social-liberalismo quieren preservar a toda costa para
satisfacer a las grandes empresas energéticas, la inmigración ilegal y sus influencias en la
generación de plusvalía que beneficia especialmente a las grandes explotaciones agrícolas, y el
papel del progresismo light que vuelve a ganar terreno con sus políticas reformistas.
1.- Con esta cuestión de ALMARAZ no se pretende entrar en un debate sobre la energía nuclear
sino señalar cuales han sido los movimientos de vaivén, según los intereses políticos del
momento del PSOE a lo largo de los años respecto a la central nuclear. Esta consta de dos
reactores nucleares, Almaraz I inició su actividad el 1 de mayo de 1981, mientras que Almaraz
II lo hizo el 8 de octubre de 1983. Ambas unidades tienen concedida la autorización de
explotación hasta el 1 de noviembre de 2027 y hasta el 31 de octubre de 2028, respectivamente.
En el inicio de su programación, la duración de su funcionamiento estaba pactado de acuerdo
con el tiempo medio de desgaste de los elementos que conforman una central, algo así como
entre 40-50 años. Lo evidente es que durante todo este tiempo se ha tenido para programar
empleos y alternativas económicas a la zona. Todavía están a tiempo. Como hemos indicado el
cierre de la central nuclear de Almaraz está acordado de forma escalonada para2027 (Reactor I)
y 2028 (Reactor II), según el pacto alcanzado entre el Gobierno y las eléctricas a finales de
2019, aunque las empresas propietarias (Iberdrola, Endesa y Naturgy) han expresado en 2025 su
interés en solicitar una prórroga, mientras que nos dicen que el Gobierno ya trabaja en buscar
una transición económica para la zona afectada, preparando un cierre definitivo en esas fechas.
Las manifestaciones históricas en Valdecaballeros se centraron en la oposición a la central
nuclear, con eventos importantes como el encierro de alcaldes en 1979 y grandes movilizaciones
en los años 80. El PSOE, ha cambiado de opinión ahora porque busca los votos de la zona en las
diferentes elecciones, sin embargo, en los diferentes años de gobiernos en el estado y la región
ha podido activar alternativas económicas de empleo en la zona. Ahora, vienen las prisas hasta
tal punto que el PSOE y el PP en el gobierno regional se echan en manos de las grandes
empresas estando dispuestos a recortarles impuestos para que se unan en su reclamación al
gobierno de coalición de Pedro Sánchez la continuidad del funcionamiento de la central y se
olvide de lo acordado con el cierre en 2030. El PP está dispuesto a rebajar hasta 2028 unos 45
millones del impuesto autonómico, bajando a la mitad la "ecotasa" (Impuesto sobre
Instalaciones que Inciden en el Medioambiente) a las grandes empresas energéticas para que
apoyen que no se cierre Almaraz, pues no sabe qué hacer para mantener la vida rural en aquella
zona ni que solución encontrar con los trabajadores que de modo directo e indirecto irían al
paro. Toda una verdadera chapuza para seguir sin hacer nada, pero obteniendo votos para
mantenerse en el gobierno local y regional.
2.-INMIGRACIÓN. Más de 3.1 millones de extranjeros trabajan en España, un millón más que
en 2018, lo que subraya su rol en el mercado laboral. En España, la tendencia actual y las
proyecciones apuntan a una necesidad de inmigrantes para sostener la economía y la población,
con informes recientes del Consejo Económico y Social (CES) señalando la falta de 2.4
millones de trabajadores en la próxima década, que serán cubiertos mayoritariamente por
migrantes, ya que más de 8 de cada 10 llegados se incorporan a la fuerza laboral, lo que
demuestra una demanda de mano de obra para sustentar inmigración irregular. En la región
extremeña son necesarios trabajadores en casi todas las actividades económicas. Hay que tener
en cuenta que la presencia de inmigrantes ilegales perjudica a la clase obrera. Un inmigrante
ilegal necesita comer y hay muchos empresarios desaprensivos que los contratan a bajos
salarios, porque el inmigrante es una persona que tiene necesidades y tiene que comer todos los
días para vivir. Las condiciones de vida de estos seres humanos presentan precariedades vitales:
las viviendas que utilizan son compartidas por varias personas e incluso familias, en otros casos,
ocupan construcciones o edificios abandonados o a medio construir. La gente viene de esos
países a consecuencia de que el Norte global genera guerras o una explotación feroz para
apoderarse de sus recursos; nuestras multinacionales van allí a sacar el máximo rendimiento de
la agricultura, la minería o de otras actividades económicas. Las mismas multinacionales
españolas traen sus productos agrícolas a España, a bajos precios con el consentimiento del
Estado mediante acuerdos comerciales. Los sectores más reaccionarios de la sociedad
españolan acusan a los inmigrantes de la destrucción de los valores de una nación, de una
familia. Pero la realidad es que estos valores se rompen cuando nuestros empresarios imponen
la precariedad salarial a los trabajadores españoles y extranjeros, especialmente a los ilegales,
obligándolos a trabajar horas y horas sin estar dado de alta en la seguridad social, trabajando 8
horas y cobrando 4. Los valores se rompen cuando los gobiernos imponen recortes en los
servicios sociales que determinan enormes dificultades para acceder a la sanidad, la educación,
etc. Los gobernantes dan preferencia al empleo de los recursos públicos en la guerra o en las
industrias armamentísticas. Los valores se rompen cuando las grandes entidades propietarias de
viviendas especulan con precios de alquileres o valores de compra que impiden que las familias
puedan acceder a un techo donde vivir. Las constructoras con la autorización del gobierno a
pesar de tener el suelo público venden las viviendas a precios desorbitados. Además, los
medios de comunicación propagan con toda la convicción que la comisión de un delito por un
inmigrante permite establecer una generalización que atribuye el señuelo tendencial de que
todos los inmigrantes son delincuentes. En definitiva, el primer paso que debe dar un gobierno
que se denomina progresista es acabar con las leyes de inmigración, atribuyendo a todos los
inmigrantes los mismos derechos civiles y laborales que los trabajadores españoles, impidiendo
que haya inmigrantes ilegales que dividen a los propios inmigrantes, y al conjunto de la misma
clase obrera.
3.- EL INSTITUCIONALISMO Y EL REFORMISMO en los gobiernos regionales o estatales
no han solucionado absolutamente ninguno de los problemas de las clases trabajadoras. Siempre
en la historia de la lucha de clases ha sido necesario un movimiento popular para empujar la
aprobación de las decisiones legislativas que condujeran al avance de la igualdad y la justicia
social. El progresismo light se ha encargado de eliminar o anular los movimientos populares que
podían influir sobre las políticas de los gobiernos de turno. Este progresismo light es la mejor
herramienta política de la burguesía para vaciar las luchas sociales. El objetivo que mueve a este
movimiento político es el de obtener premios electorales, y poco más. En este sentido, todos los
partidos que en la actualidad tienen una representación institucional en nuestra región y en el
estado español no van a transformar las estructuras políticas y económicas en beneficio de la
clase trabajadora. La razón fundamental es que por su propia naturaleza política son
conservadores. Un buen ejemplo de esto es que están plenamente de acuerdo con la Ley
Electoral. La actual ley electoral española, la Ley Orgánica del Régimen Electoral General
(LOREG), fue aprobada y promulgada el 19 de junio de 1985. Ha sufrido ciertas modificaciones
para introducir el derecho a sufragio en 2018 de las personas con discapacidad y el voto
extranjero en 2022. La esencia de la LEY es la de cumplir el principio de “que todo siga atado y
bien atado”; es el paso previo necesario para evitar alteraciones en el gobierno de las
instituciones y complementar la función integradora de verdaderos agujeros negros que se
tragan, normalizan y pulverizaran todo lo que al penetrar en ellas pudiera alterar la dirección y
sentido de su funcionamiento, así ha ocurrido. En Extremadura, y por supuesto a nivel estatal,
ninguno de los partidos políticos que se llaman de izquierdas ha hecho nada por romper con esta
tradición que impide que desde las bases de la sociedad surjan formas y modos políticos capaz
de alterar y transformar un sistema que sólo sirve al capital y a sus lacayos. La LOREG
contribuye plenamente a que la voz política que suena en los parlamentos es la de los sectores y
grupos sociales que están asociados, encaramados o controlando las estructuras económicas
dominantes. Es una garantía de que las organizaciones que participan en los procesos electorales
no tengan el mismo punto de partida. Este es un buen ejemplo que sirve para comprender que
poco se puede esperar de la igualdad que con tanto afán dicen defender los partidos situados en
el progresismo light (IU, Podemos, Sumar). El hecho objetivo es que tanto en este aspecto como
en otros ordenes de la vida la herencia y los privilegios obtenidos en tiempos pasados marcan un
camino, y hay que mantenerlos, por encima de todo. Así sucede también con los medios de
comunicación muy dependientes de quien tiene el poder político, y determinados en su
actividad y desempeño por cuotas electorales como indica la LOREG que asegura la tradición y
el conservadurismo político. Por tanto, somos conscientes de la resonancia de las voces que
vayan contra el sistema en estos grandes medios de comunicación serán disminuidas o anuladas,
siguiendo el camino trazado por los mecanismos caciquiles de gobiernos del siglo XIX y XX,
que siguen presente entre nosotros. Una Ley Electoral que urge cambiar en defensa de la
democracia y de la verdadera igualdad política, tantas veces pregonada.