Contra el cierre de centros educativos públicos en Bizkaia
Desde Soberanía y Trabajo queremos rechazar el nuevo plan de la Consejería de Educación del Gobierno Vasco que contempla el cierre de cuatro colegios públicos en Bizkaia. Este cierre afectaría a más de 200 menores, que quedarán desamparados. A pesar de los esfuerzos por parte de la consejera de Educación, Begoña Pedroso, por justificar la decisión, basándose en las bajas tasas de natalidad que ellos han provocado no van a poder ocultar el impacto grave y real sobre los derechos del alumnado y de sus familias, recortándoles derechos y avanzando hacia la privatización de la educación vasca. Sin lugar a dudas, los alumnos con más vulnerabilidades serán los que sufrirán las consecuencias más duras, al romper los entornos educativos estables y adaptados a sus necesidades. Sin ir más lejos, la inmensa mayoría de las familias ha manifestado su rechazo a este plan, puesto que no se les da margen de maniobra para mantener las redes de apoyo que se habían construido a lo largo de años, lo que perjudica tanto la estabilidad emocional como el rendimiento escolar.
Es especialmente grave que se tomen estas decisiones sin un consenso real y vinculante con quienes sostienen día a día la escuela pública. Cerrar centros públicos no es la solución. Al contrario, abre la puerta a la segregación, debilita la red pública y deja el terreno libre para que modelos educativos privados sigan ganando peso. La educación pública no puede gestionarse con criterios empresariales ni tratarse como una partida prescindible del presupuesto. Desde Soberanía y Trabajo (SyT) defendemos una educación pública fuerte, cercana y al servicio de la mayoría social, no subordinada a recortes encubiertos ni a decisiones tecnocráticas alejadas de la realidad de los barrios y municipios. Seguiremos defendiendo la necesidad de que las familias trabajadoras tengan la oportunidad de crecer y elegir su futuro. Es por ello que exigimos la paralización inmediata de estos cierres, la apertura de un proceso de diálogo real con las comunidades educativas y una planificación que apueste por reforzar, y no debilitar, lo público. La educación es un derecho colectivo, no un gasto a reducir.
Hay alternativas.