COMUNICADO: LOS VERGONZOSOS CAMPAMENTOS DE BERNEDO
A principios de septiembre, varias familias denunciaron que, en el campamento dirigido para
menores de Bernedo, se produjeron actos cuestionables: duchas mixtas de menores con
monitores, desnudez de los monitores delante de los participantes… y todo tipo de
atropellos contra los jóvenes. La organización del campamento (Sarrea Euskal Udaleku
Elkartea) defendió que el uso de duchas mixtas y la desnudez se inscribían en una filosofía
de normalización de cuerpos, inclusión y “romper estigmas de género”. En definitiva, una
vulneración de los derechos de los menores.
Estas denunciadas irregularidades no son meros fallos puntuales de gestión: son un claro
síntoma de los errores estructurales de un sistema y de unas instituciones que parece que
miran hacia otro lado, cuando se trata de enfrentarse al mundo woke y al lobby trans.
La responsabilidad de que se hayan vulnerado los derechos de estos menores tiene unos
claros responsables: el gobierno formado por Partido Nacionalista Vasco (PNV) y Partido
Socialista de Euskadi‑PSOE (PSE), puesto que son el Gobierno foral de Álava y el Gobierno
Vasco quienes ostentan las competencias de supervisión, inspección y garantía de los
derechos de los menores. Aunque, si bien es cierto que estas prácticas ya fueron
denunciadas a finales de 2024 (cuando la Er tzaintza recibió la primera denuncia). Sin
embargo, no se activó ninguna medida sancionadora, dejando a las víctimas y a los
denunciantes desprotegidos.
Por si fuera poco, el pasado día 23 de septiembre, el Parlamento Vasco rechazó la creación
de una comisión de investigación sobre este deleznable caso. Esta negativa demuestra que
el problema no es solo la ineficiente gestión que lleva arrastrando el gobierno vasco, sino la
poca voluntad política para asumir responsabilidades que les perjudique electoralmente. La
misma institución que se atreve a “condenar” los hechos mostró que sus palabras carecen
de verdadero peso cuando decide omitir la investigación.
Pero, sin embargo, es aún más doloroso ver cómo fuerzas que alardean de un falso
“progresismo”, como es el caso de EH Bildu, Sumar-IU o Podemos, guardan silencio sobre
esta cuestión. Un silencio que no es inocente, sino políticamente calculado: cuando se trata
de cuestionar y criticar a los lobbies que han estado promocionando, se refugian en el
silencio y en palabras vacías. No les interesa remover lo que pueda comprometer a sus
aliados institucionales o al status quo del confort político. Pero, sobre todo, a que ese
movimiento trans-woke que han estado potenciando se les vuelva en contra y que se les
acuse o les añadan la etiqueta de “transfobos”. Una etiqueta que feministas históricas y
marxistas, como Lidia Falcón o Paula Fraga, siguen denunciando como un intento de
silenciar la crítica legítima y de erosionar el sentido común dentro del propio movimiento
feminista. Criticar la ideología trans-woke es un deber moral que se debe llevar a cabo,
puesto que no debemos permitir que se impongan políticas de manera acrítica, priorizando
la corrección ideológica sobre la coherencia y la justicia social.
Por lo que, debido a los graves casos que hemos conocido, desde Soberanía y Trabajo
exigimos lo siguiente:
1. Transparencia: exigimos que se conozcan todos y cada uno de los informes internos,
denuncias, inspecciones y seguimientos que se habían producido hasta ahora.
2. La puesta en marcha de una comisión de investigación. La ciudadanía y las familias
tienen derecho a saber qué es lo que ha pasado realmente.
3. Responsabilidad política: que los responsables políticos de la supervisión educativa,
juvenil, administrativa y de menores respondan ante la ciudadanía. Entre ellos, el
diputado general de Álava, Ramiro González.
4. Poner coto al discurso antifeminista actual, el transgenerismo y la hipersexualización
de la sociedad.
5. Protección real de los menores: protocolos revisados, separación efectiva de
menores y monitores en espacios sensibles, inspecciones frecuentes, participación
de las familias en el control del entorno.
Desde la línea de defensa de la dignidad, de la soberanía popular y del control democrático
real que defendemos, llamamos a la movilización a todos los ciudadanos, puesto que no se
debe normalizar la impunidad institucional. Porque cuando las instituciones fallan, y los
partidos se esconden, la voz de las clases populares debe alzarse.
ÚNETE.
SOBERANÍA Y TRABAJO.