Comunicado: Los decretos de vivienda son un engaño sin tocar la renta del suelo y sin construir alquiler público
(COMINICADO REDUCIDO al objeto de hacer más fácil su lectura y distribución mediante octavillas y otros medios. ROGAMOS DIFUSIÓN) defendemos soluciciones. No parches.
El Gobierno no ha conseguido aprobar dos reales decretos de vivienda vendidos como «el mayor avance en una década». Yolanda Díaz los presenta como fruto de la movilización ciudadana; Mónica García habla de «intervenir el mercado especulativo». Pero detrás de esta retórica hay una operación para contener la indignación tras el caso Maricarmen, salvar la cara del Ejecutivo y
hacer pagar el merecido precio político a formaciones como PP, VOX y Junts. Pero si bien contenían aspectos positivos no resuelven la crisis. Los decretos —prohibición de desahucios hasta 2030, veto a fondos buitre hasta 2028, regulación del alquiler de temporada y prórroga automática de contratos— no tocan la raíz: el monopolio privado absoluto del suelo. Ninguna
medida crea una sola vivienda pública asequible nueva. Solo redistribuyen derechos sobre el parque existente sin alterar la estructura de propiedad ni la
oferta de suelo. Hay unos 4 millones de viviendas vacías en España. El problema no es que falten casas, sino que se usan para acumular valor en lugar de para vivir.
La gran ausencia: construcción de alquiler público Los artículos sobre construcción de vivienda pública están sencillamente ausentes. No es olvido: es posición política. El Gobierno nunca tuvo intención de construir alquiler público de verdad, porque eso si significa enfrentarse a propietarios del suelo, promotores y capital financiero. El parque público español es solo el 2,5% del total, frente al 20% de Países Bajos. Exigimos un plan quinquenal para elevarlo al 15%, financiado con un impuesto a fondos especulativos y beneficios turísticos. No es utopía: el Plattenbau de la RDA
entregaba 5.000 viviendas al año en una población de 17 millones de habitantes; las Jrushchovkas soviéticas, la vivienda de «los curas» en Cuba o la Gran Misión Vivienda en Venezuela lo demuestran. La construcción modular prefabricada china permite ensamblar torres de 30 pisos en semanas. Luego en un año si hay voluntad política se pueden construir miles y miles de viviendas.
El suelo: el problema central que se oculta
La variable central es el monopolio privado del suelo y su precio especulativo.
Los decretos no dicen una palabra. La recalificación de rústico a urbanizable genera plusvalías enormes que acaban repercutiéndose en compradores y arrendatarios. Aunque el Gobierno quisiera construir vivienda pública, tendría que comprar el suelo a precio fijado por el vendedor. El suelo público disponible es insignificante. Las 40.000 viviendas y 2.400 parcelas de Sareb transferidas son un reciclaje de restos, no socialización del suelo.
El punto ciego del sindicato de inquilinas
El Sindicato de Inquilinas ha hecho un trabajo importante de denuncia y movilización. El caso Maricarmen estalló nacionalmente porque supo transformar un desahucio en acusación contra el sistema rentista. Sus demandas —bajar el alquiler un 50%, prohibir la compra inversora, contratos indefinidos, huelga de alquileres— son más radicales que los decretos. Pero tiene un punto ciego grave: se centra en redistribuir dentro del mercado de alquiler y no coloca en el centro ni el suelo ni la construcción pública. Sin construcción pública masiva, la clase trabajadora solo accede disputando el parque existente a los caseros, sin alterar la propiedad de la oferta. Pide «alquiler más justo»; nosotros pedimos abolir el alquiler como relación de explotación: convertir la vivienda en servicio público, no en mercancía.
Nuestra posición
Soberanía y Trabajo reitera cuatro exigencias urgentes:
1. Intervención inmediata del mercado de alquiler: control de precios, cero desahucios de grandes tenedores, readquisición temporal de viviendas vacías.
2. Construcción masiva de alquiler público: plan quinquenal del 2,5% al 15%, financiado con impuesto a fondos especulativos y beneficios turísticos, con técnicas industrializadas.
3. Prohibición total de pisos turísticos. En España superan los 340.000 oficiales; la cifra real puede rebasar 500.000. Detrás de cada piso turístico hay una familia sin vivienda.
4. Socialización del suelo: expropiación, planificación y desarrollo por organismos públicos, con plusvalías para la sociedad. Sin esto, las tres primeras son castillos en el aire.
Los decretos merecen acabar en la papelera. No construyen una sola vivienda pública ni tocan un metro cuadrado del monopolio privado del suelo. La movilización del sindicato de inquilinas merece apoyo, pero debe pasar de «frenar desahucios» a «exigir construcción». Las tiendas en la calle deben ser
el preludio de las obras de vivienda pública, no el decorado de los decretos. La vivienda no es una mercancía. El suelo no es un activo de inversión. La vida no es una fuente de beneficio
Soberaniaytrabajo.org
Comité Ejecutivo de Soberanía y Trabajo