Comunicado: Los decretos de vivienda son un engaño — sin tocar la renta del suelo y sin construir alquiler público, no hay solución
Soberanía y Trabajo
30 de septiembre de 2026
El Gobierno acaba de aprobar dos reales decretos de vivienda que sus ministras han vendido como «el mayor avance en vivienda en una década». Yolanda Díaz los presenta como «fruto de la movilización ciudadana»; Mónica García habla de «intervenir el mercado especulativo». Pero detrás de esta retórica autocomplaciente hay una operación política diseñada para contener la indignación popular tras el caso Maricarmen, salvar la cara del Ejecutivo y pagar el precio político a formaciones burguesas como Junts. No hay nada aquí que resuelva la crisis de vivienda.
Los dos decretos —uno con la prohibición de desahucios hasta 2030, el veto a los fondos buitre hasta 2028 y la regulación del alquiler de temporada; otro que tramita por separado la prórroga automática de contratos— no tocan ni de lejos la raíz del problema: el monopolio privado absoluto del suelo. Desde Soberanía y Trabajo afirmamos que toda política de vivienda que no cuestione la propiedad privada del suelo y no construya alquiler público a gran escala es un engaño a la clase trabajadora.
La sustancia de los decretos: calmar la calle, salvar al Gobierno
El contexto es conocido: el caso Maricarmen, una mujer discapacitada desahuciada tras setenta años en la misma casa, hizo saltar por los aires la paciencia social. 25.000 personas en Madrid, cientos de tiendas en la Puerta del Sol, el grito de «o cae el rentismo o cae el Gobierno» en las calles. Los decretos son una respuesta de emergencia para apagar el fuego, no para resolver el problema. Y sus verdaderos impulsores, lo saben.
Su contenido —prohibir desahucios hasta 2030, vetar a los fondos buitre, regular el alquiler de temporada y por habitaciones— responde formalmente a las demandas de la calle. Pero ninguna de estas medidas crea una sola vivienda asequible nueva. Se limitan a redistribuir derechos sobre el parque existente sin tocar la estructura de propiedad ni la restricción fundamental de la oferta de suelo. Como hemos señalado en Soberanía y Trabajo, el problema español no es la «escasez de vivienda», sino la confiscación del derecho a la vivienda por un sistema especulativo. Hay unos 4 millones de viviendas vacías en el Estado; solo en Extremadura hay más de 123.000 viviendas vacías, cerca del 18% del total regional. El problema nunca fue que falten casas, sino que las casas se usan para acumular valor en lugar de para vivir.
La construcción de alquiler público: la gran ausencia
En los dos decretos, los artículos sobre construcción de vivienda pública están sencillamente ausentes. No es un olvido: es una posición política.
El Gobierno y las Comunidades Autónomas menos, nunca tuvieron intención de construir alquiler público de verdad, porque eso significa enfrentarse frontalmente a los propietarios del suelo, a los promotores y al capital financiero. Soberanía y Trabajo plantea un objetivo claro y viable: el parque público de vivienda en España representa solo en torno al 2,5% del total, frente al 20% de países como Países Bajos. Exigimos un plan quinquenal para elevar ese porcentaje hasta el 15%, financiado con un impuesto a los fondos especulativos y a los beneficios turísticos. No es utopía. El modelo Plattenbau de la RDA llegó a entregar 5.000 viviendas asequibles al año con métodos industrializados; las Jrushchovkas soviéticas, la vivienda de «los curas» en Cuba o la Gran Misión Vivienda en Venezuela demuestran que cuando el Estado controla el suelo y la capacidad de construcción, la clase trabajadora accede rápidamente a una vivienda digna. La construcción modular prefabricada china permite ensamblar torres de 30 pisos en semanas.
El Gobierno ha elegido no hacerlo. Porque ha elegido a la clase rentista y no a la clase trabajadora.
El suelo: el problema central que se oculta
La variable central de la crisis de vivienda en España es el monopolio privado absoluto del suelo y su precio especulativo. Los dos decretos no dicen una palabra al respecto.
En la expansión urbana española, el paso del suelo rústico a urbanizable es en sí mismo una operación de captura de valor. El propietario del suelo obtiene plusvalías enormes mediante la recalificación, y esa «renta diferencial» acaba repercutiéndose en compradores y arrendatarios. Aunque el Gobierno quisiera construir vivienda pública, tendría que comprar el suelo a manos privadas, a precio fijado por el vendedor. El propio Gobierno de Aragón reconoce en sus documentos de política de vivienda que «resolver el problema exige más vivienda, sobre todo pública», y se ve obligado a tirar del «suelo público» disponible. Pero el suelo público disponible en toda España es insignificante para sostener una construcción a gran escala, porque la mayor parte del suelo de expansión urbana ya está en manos privadas.
Por eso Soberanía y Trabajo insiste: la reforma de la propiedad del suelo es el punto de partida de cualquier política seria de vivienda. Sin control público del suelo urbano, la llamada «construcción de vivienda pública» no es más que pagar tributo a los propietarios privados. Las cerca de 40.000 viviendas y 2.400 parcelas de Sareb transferidas al nuevo ente público de vivienda son un reciclaje de restos, no una socialización sistemática del suelo. La conversión de 8 antiguas prisiones en 1.332 viviendas es insignificante en número y es, políticamente, puro marketing.
El punto ciego del sindicato de inquilinas
El Sindicato de Inquilinas ha hecho un trabajo importante de denuncia y movilización en Madrid, en un principio. El caso Maricarmen se convirtió en un estallido nacional precisamente porque supo transformar un desahucio concreto en una acusación contra el sistema rentista. Sus demandas —bajar el alquiler un 50%, prohibir la compra inversora, contratos indefinidos, huelga de alquileres— son mucho más radicales que los decretos del Gobierno.
Pero en la cuestión central, el programa del sindicato tiene un punto ciego grave: se centra en la redistribución dentro del mercado de alquiler y no coloca en el centro ni el problema del suelo ni la construcción de vivienda pública. El sindicato afirma que «el problema no es solo construir más vivienda, sino cambiar cómo funciona el mercado». Ese juicio tiene parte de razón: en un sistema de especulación del suelo, aumentar la oferta puede ser absorbido como nuevo objeto de especulación. Pero de ahí extraer la conclusión de no construir vivienda pública es un error fatal. En su programa, la palabra «construcción» prácticamente desaparece. Habla de recuperar viviendas vacías, expropiar activos de fondos buitre, prohibir la compra inversora: medidas redistributivas. Pero sin construcción pública masiva, la clase trabajadora solo puede acceder a la vivienda disputando el parque existente a los caseros privados, sin alterar la estructura de propiedad de la oferta.
El planteamiento del sindicato es, en esencia, tratar el alquiler como un ámbito a reformar y no como una institución a abolir. Pide «alquiler más justo»; Soberanía y Trabajo pide «abolir el alquiler como relación de explotación»: convertir la vivienda en servicio público y no en mercancía.
Nuestra posición
Soberanía y Trabajo reitera sus cuatro exigencias urgentes, ya planteadas en Andalucía y a escala estatal:
Primera, intervención inmediata del mercado de alquiler. Control de precios, «cero desahucios» de viviendas propiedad de grandes tenedores, fondos de inversión y bancos y readquisición temporal de viviendas vacías en manos de grandes tenedores.
Segunda, construcción masiva de alquiler público. Un plan quinquenal para elevar el parque público del 2,5% al 15%, financiado con un impuesto a los fondos especulativos y a los beneficios turísticos. Con técnicas industrializadas de construcción prefabricada, tomando como referencia el Plattenbau de la RDA y la construcción modular china, para entregar vivienda rápida y barata sin renunciar a la calidad ni a la planificación comunitaria.
Tercera, prohibición de los pisos turísticos. Prohibición total del alquiler turístico en cascos históricos y zonas de alta tensión de vivienda. Los pisos turísticos registrados oficialmente en España superaban los 340.000 en 2024; la cifra real puede superar los 500.000. Solo en Barcelona, más de 10.000 viviendas pasaron de alquiler de larga duración a alquiler turístico en tres años. Detrás de cada piso turístico hay una familia que no puede acceder a una vivienda.
Cuarta, socialización del suelo. El suelo de expansión urbana debe ser expropiado, planificado y desarrollado por organismos públicos, con las plusvalías en manos de la sociedad y no de los propietarios del suelo. Sin esto, las tres primeras exigencias son castillos en el aire.
¿Qué merecen los decretos del Gobierno? Merecen acabar en la papelera. No construyen una sola vivienda pública ni tocan un metro cuadrado del monopolio privado del suelo. Solo sirven para que las ministras proclamen en televisión que «estamos haciendo algo», mientras garantizan que las relaciones reales de poder —el dominio de propietarios del suelo, bancos y fondos especulativos sobre la oferta de vivienda— permanezcan intactas.
La movilización del sindicato de inquilinas merece apoyo, pero debe pasar de «frenar los desahucios» a «exigir construcción». Las tiendas en la calle deben ser el preludio de las obras de vivienda pública, no el decorado de los decretos del Gobierno.
La vivienda no es una mercancía. El suelo no es un activo de inversión. La vida no es una fuente de beneficio.