90 años de desmemoria y sumisión de la soberanía española, desde las fosas del franquismo hasta los dictados de la OTAN A las puertas del 90º aniversario de la Guerra Civil, España arrastra una profunda crisis de soberanía económica y militar.
La subordinación actual del Estado ante los dictados de la OTAN y la Unión Europea no es un accidente histórico. Este escenario de sumisión es la consecuencia directa de una línea de continuidad estructural que conecta los pactos de supervivencia de la dictadura franquista con los pilares institucionales diseñados durante la Transición.
Esta traición al pueblo español nació con los Pactos de Madrid de 1953, cuando la dictadura fascista sacrificó el suelo y la independencia del país a cambio de reconocimiento diplomático estadounidense. Aquella hipoteca territorial, que entregó bases militares como Rota o Morón a una potencia extranjera, inauguró un modelo de sumisión geoestratégica. Las élites políticas posteriores prefirieron consolidar este esquema colonial en lugar de romper con él tras la muerte del criminal dictador.
Los sucesivos gobiernos de la democracia (el falsario bipartidismo histórico del PSOE y PP, hoy con la ayuda de sus respectivos caballos de posta Podemos, IU y VOX) apuntalaron esta renuncia mediante la inserción obligatoria en las estructuras del atlantismo. La entrada en la CEE en 1986 desmanteló el tejido industrial autónomo español bajo el pretexto de la modernización, mientras que la integración en la OTAN encadenó la política de defensa a los intereses de Washington.
La culminación de este expolio soberano se selló en 2011 con la reforma exprés del artículo 135 de la Constitución (PSOE + PP), anteponiendo el pago de la deuda a los fondos extranjeros por encima del bienestar social de su propio pueblo.
En esta traición de entreguismo a los poderes foráneos, la Corona española ha operado como el principal embajador diplomático y el aval institucional del atlantismo. Desde la Transición, la jefatura del Estado utilizó su influencia para disciplinar a las Fuerzas Armadas bajo los estándares de la OTAN, legitimando misiones militares en el extranjero que diluyen la soberanía nacional. Esta arquitectura de control ha sido sostenida gracias a la inacción y complicidad de los Gobiernos autopercibidos como progresistas, que mantienen una flagrante paradoja: exhibe símbolos de tradición republicana ante sus bases mientras ejerce como el pilar civil más firme de la Monarquía en las instituciones.
La solidez de este blindaje bipartidista quedó demostrada en la crisis institucional de 2014 tras los escándalos financieros de Juan Carlos I. La abdicación exprés y la proclamación de Felipe VI se tramitaron por la vía de urgencia en apenas días mediante una Ley Orgánica parlamentaria. En aquella coyuntura crítica, Podemos evidenció cuál iba a ser la impostura de la “nueva izquierda”. A pesar de haber medrado con una potente narrativa, beneficiada por los medios, contra “la casta” y el «Régimen del 78», su acción quedó reducida a los platós de televisión, echando a perder la oportunidad de frenar el relevo dinástico.
Mientras nuestros gestores (los mismos que dicen protegernos con un “escudo social”) administran las directrices bélicas de la OTAN, la verdadera dignidad de este país sigue enterrada en las cunetas. La impunidad del pasado franquista se traduce hoy en la incapacidad del Estado para ejercer una soberanía real sobre sus propias decisiones.
La carencia de soberanía actual es una línea de continuidad histórica. El Estado español ha pasado de vender territorio a cambio de impunidad dictatorial a convertirse en un mero gestor de intereses de capitales extranjeros y fondos de
inversión. Recuperar la soberanía nacional exige romper con el candado constitucional de 1978, desenmascarar a los responsables del bipartidismo traidor, auditar la sumisión militar a la OTAN y rescatar del olvido a las víctimas de la dictadura. Solo a través de una ruptura democrática y constituyente podrá este pueblo decidir de manera independiente su futuro.
SOBERANÍA Y TRABAJO