Hay una pregunta que no se hace en los platós de televisión, que no aparece en los debates parlamentarios ni en los programas electorales plastificados que reparten los partidos en las ferias de pueblo. Es una pregunta incómoda, demasiado honesta para una clase política que vive de gestionar el malestar sin resolverlo. La pregunta es esta: ¿quién va a cambiar esto? No “quién va a ganar las próximas elecciones”. No “quién va a gobernar en coalición con quién”. Sino quién, materialmente, tiene tanto que perder y tanta necesidad acumulada como para que el statu quo le resulte insostenible.

Esa pregunta tiene nombre en la teoría política: el sujeto revolucionario. Y en la España de 2026, ese sujeto existe. Está fragmentado, confundido, muchas veces mirando en la dirección equivocada. Pero existe. Y entender dónde está, qué vota y por qué, es probablemente la tarea política más urgente que tenemos encima de la mesa.

Empecemos por los datos crudos, porque los datos son el antídoto contra el pensamiento ilusorio.

El electorado español está sociológicamente partido en dos bloques que no se parecen a los que describían los manuales hace veinte años. A la izquierda —PSOE, Sumar, Podemos— hay una base heterogénea que une a trabajadoras mayores de 55 años con estudios básicos, votantes fieles del socialismo histórico, con jóvenes universitarias urbanas de clase media que se identifican con el feminismo y el ecologismo. Son, literalmente, dos mundos distintos que comparten trinchera. El PSOE captura a la España que ya tiene algo que perder. Sumar y Podemos capturan a la España que estudió mucho y llegó donde llegó.

A la derecha, el PP sigue siendo el partido de los que tienen piso en propiedad, pensión digna y cuenta en el banco: mayores de 45, profesionales, clases medias-altas de ciudad o de la Castilla rural. Pero el dato que lo cambia todo es Vox. Según la encuesta de 40dB para El País y Cadena SER publicada a finales de 2025, Vox es ya el primer partido entre los menores de 44 años, con un 25,1% de intención de voto, nueve puntos por encima del PP. En la franja de 18 a 24 años, Vox triplica al PP. Y entre los chicos jóvenes específicamente, el apoyo a la ultraderecha supera ya el 20% en algunos tramos, frente al 11% entre las chicas jóvenes.

Esto no es una anécdota electoral. Es un terremoto sociológico que ha tardado años en llegar y que ahora ya nadie puede ignorar.

La fractura que nadie quiere nombrar

Desde 2018, año de la explosión del movimiento feminista en España, los jóvenes han dejado de compartir posicionamiento ideológico. Antes votaban juntos, mayoritariamente a la izquierda. Hoy votan en direcciones opuestas dependiendo del género. Las chicas se desplazan a la izquierda. Los chicos se desplazan a la derecha, y no al PP de toda la vida, sino directamente a Vox. La politóloga Silvia Claveria, de la Universidad Carlos III, es clara: el principal motor del voto joven a Vox no es la cuestión territorial ni la migración. Es el antifeminismo.

Hace una década, la supuesta izquierda a la izquierda del PSOE sumaba un tercio del voto joven y la derecha apenas llegaba al 20%. Hoy es exactamente al revés: la derecha supera el 50% entre los jóvenes y la autopercibida izquierda apenas acumula un 13%

Hay que entender por qué, y hacerlo sin condescendencia. Un estudio con participación de la Universidad Pompeu Fabra señala que muchos hombres jóvenes perciben los avances educativos y laborales de las mujeres como un “juego de suma cero”: si ella sube, yo bajo. Ese resentimiento no nace de la nada. Nace de una situación material en la que efectivamente todo parece un juego de suma cero: hay pocos pisos, pocos empleos estables, pocas perspectivas. Y cuando la vida se vive como competencia permanente, es fácil buscar un culpable lateral —las mujeres, los inmigrantes, “la ideología de género”— en lugar de mirar hacia arriba, donde están quienes de verdad acaparan la riqueza.

El 10% más rico en España acapara el 56,6% de la riqueza total. Eso no lo dice ningún partido de los que lideran las encuestas entre jóvenes.

La situación material de esos jóvenes rabiosos —con razón— es la siguiente: la generación inquilina destina el 92% de su salario al alquiler de una vivienda completa. La edad media de emancipación en España está en 30,4 años, frente a los 26,3 de la media europea. La propiedad de vivienda entre menores de 35 años ha caído del 58% en 2017 al 27% en 2024. Más de 2,5 millones de jóvenes están atrapados en empleos inestables: 35 de cada 100 tienen contratos temporales. Los salarios jóvenes son un 45% más bajos que los del resto de la población activa.

Esto no es precariedad como abstracción. Esto es no poder independizarte a los 28 años, compartir piso hasta los 35, trabajar de camarero con un máster bajo el brazo, y llegar a fin de mes contando céntimos. El 48% de los asalariados en España tiene trabajos precarios, cifra que sube al 75% entre los jóvenes según datos de Comisiones Obreras. En ese contexto, que uno de cada cuatro jóvenes de hasta 24 años diga que votaría a Vox no es un misterio: es la consecuencia lógica de una rabia real que no encuentra cauce político transformador.

La izquierda que no llega

Aquí viene la parte más incómoda, la que a muchos compañeros de trinchera les cuesta escuchar.

El votante progresista urbano de Sumar o Podemos tiene conciencia del problema. Entiende que el sistema está roto, que la vivienda es un negocio para fondos de inversión, que los salarios no crecen mientras los beneficios empresariales baten récords año tras año. Pero ese votante, en su mayoría, tiene estudios universitarios, vive en una gran ciudad y pertenece a una clase media que, pese a sus dificultades, todavía no está en posición de ruptura material total. Vota la transformación, pero su posición no le obliga a exigirla.

El PSOE, por su parte, es otra cosa: es el partido de los que ya tienen algo, aunque ese algo sea modesto. Trabajadoras mayores, pensionistas, funcionariado. Gente que vota para defender lo conquistado, no para conquistar lo que falta. Pedro Sánchez lleva años gobernando con el discurso del cambio progresista mientras la vivienda sube, el precariado crece y los grandes fondos compran el parque residencial del país bloque a bloque. La gestión es real, pero las contradicciones también.

Y en el espacio a la izquierda del PSOE, la fragmentación es tal que solo el 44% de los votantes de Sumar en las últimas elecciones repetirían su elección hoy. Eso no es una señal de vida. Eso es una hemorragia.

Entonces, ¿quién va a cambiar esto? Aquí es donde entra la pregunta teórica con consecuencias prácticas.

Marx lo tenía claro: el sujeto revolucionario es aquel a quien el sistema produce como víctima y que tiene el interés histórico objetivo de destruirlo. El proletariado industrial del siglo XIX. Pero ese proletariado clásico —la fábrica, el sindicato, la huelga de brazos caídos— ya no es la forma dominante del trabajo en España. Lo que tenemos en su lugar es un precariado atomizado: repartidores de aplicaciones, trabajadoras de residencias de ancianos, camareras de piso en hoteles, riders, autónomos dependientes, trabajadores de almacén logístico con contratos fijos-discontinuos que no saben si van a tener trabajo la semana que viene.

Bakunin ya advertía que limitar el sujeto revolucionario al proletariado industrial era un error: había que incluir a todos los que padecen las relaciones de dominación. En la España de 2026, el sujeto con mayor potencial transformador en sentido estricto no está votando en bloque a ningún partido. Es el precariado joven —trabajadores de servicios, migrantes, trabajadoras de cuidados, jóvenes con contrato temporal o sin contrato— que está fragmentado entre la abstención, el voto de rabia a Vox y el voto de conciencia a una izquierda que no termina de hablarle en su idioma.

El legado incompleto del 15M

El 15M fue el último momento en que algo se articuló. Cientos de miles de personas en las plazas, la clase media empobrecida hombro a hombro con los de abajo. Una energía transversal que durante un tiempo pareció capaz de construir algo nuevo. Podemos intentó institucionalizar esa energía. Y en parte lo logró: llegó al gobierno. Pero la institucionalización tiene un precio, y hoy, a la luz de los hechos, el relato oficial cada vez convence menos. Dos hipótesis compiten. La primera, incómoda pero no descartable: que Podemos fue una disidencia controlada, un cortafuegos diseñado para canalizar y neutralizar un movimiento que amenazaba de verdad el statu quo. La segunda, quizás más prosaica: que el partido de los profesores universitarios tomó sistemáticamente las decisiones más erráticas posibles, y que ahora trata de disculpar su declive culpando a campañas mediáticas que, por cierto, no han sido igual de eficaces con otros. Véase Bildu, ERC —con dirigentes en la cárcel—, Compromís y el lawfare contra Mónica Oltra: todos han sufrido una persecución igual o más brutal, y ninguno se ha desintegrado de esta manera. Sea lo que fuere, cuando el movimiento de masas se convierte en fuerza electoral sin una base organizativa sólida que lo sostenga, los votos llegan pero la transformación no. Hoy ese espacio está más fragmentado que nunca, y la pregunta de por qué, ya no tiene una respuesta inocente.

El problema no es la falta de opresión material —la hay en abundancia—, sino la pérdida de capacidad de acción política colectiva. Cuando la protesta no encuentra organización de clase, se canaliza hacia el nacionalismo o la ultraderecha. Gramsci lo llamaría revolución pasiva. El nombre exacto importa menos que el fenómeno: la rabia está, la causa estructural está, pero el cauce político que conecte una cosa con la otra no está.

Aquí es donde no vale quedarse en el diagnóstico. Hay que proponer.

Primero: la izquierda tiene que dejar de hablar de feminismo, ecologismo y LGTBI+ como si fueran temas separados de la vivienda, el salario y las condiciones de trabajo. No porque esas luchas no sean legítimas —lo son—, sino porque presentarlas en orden distinto al de la urgencia material hace que los jóvenes más precarizados las perciban como un lujo de clase media ilustrada. La vivienda, el salario y la estabilidad laboral tienen que ser el eje central de cualquier proyecto de izquierdas que quiera hablarle al precariado, y las demás luchas tienen que articularse desde ahí, no al revés.

Segundo: hay que recuperar el territorio. Los partidos de izquierda se han convertido en máquinas electorales de ciudad. El votante sin estudios de pueblo que votaba al PSOE histórico ya no se siente representado por ninguna izquierda. Vox lo está copando con un discurso de sentido común falso pero efectivo. Sin presencia organizada en el territorio —no solo oficinas, sino tejido real, asociaciones, sindicatos, movimientos— no hay sujeto político posible.

Tercero: hay que hablarle directamente a los hombres jóvenes que están votando a Vox. No para darles la razón en su resentimiento contra las mujeres o los migrantes, sino para ofrecerles un análisis de clase que explique por qué no pueden permitirse una vivienda, por qué sus salarios no crecen, quién se queda el dinero que a ellos les falta. Abascal no tiene un programa de clase. Señala enemigos laterales y trabaja para quienes los desposeen. Pero eso hay que explicarlo con hechos concretos, con nombres y apellidos, con la dirección del fondo de inversión que compró el bloque donde viven, no con referencias a Gramsci que no leen ni leerán.

Cuarto: hay que construir organización fuera del calendario electoral. El sujeto revolucionario no se fabrica con campañas. Se construye en la cotidianidad, en los centros de trabajo, en los barrios, en las comunidades de vecinos que se organizan contra el fondo buitre que les sube el alquiler un 40%. Los sindicatos mayoritarios llevan décadas en piloto automático. Hay espacio para organización sindical nueva, combativa, anclada en los sectores más precarizados que son precisamente los que más crecen: logística, hostelería, cuidados, plataformas digitales.

Una última verdad

La autopercibida izquierda tiene un discurso de gestión de un capitalismo amable y un electorado con relativa estabilidad material. La derecha populista tiene la rabia pero sin programa de clase. Esa es la contradicción central del momento político español. Y en medio de esa contradicción, el sujeto con más necesidad objetiva de transformación —el precariado joven, las trabajadoras de cuidados, los camareros, los riders que no saben si mañana tendrán trabajo, los habitantes y agricultores del interior abandonado— sigue disperso, dividido, muchas veces fuera del sistema electoral por pura incredulidad.

El sujeto revolucionario en España no está esperando que alguien lo convoque. Está ahí, en el 92% del salario que se va al alquiler, en los 30,4 años de media a los que uno se emancipa en este país, en los 2,5 millones de jóvenes con contratos temporales, en los chicos de 20 años que votan a Vox porque nadie les ha ofrecido una explicación mejor de por qué su vida es así. Ese sujeto existe. Lo que no existe todavía es la organización política capaz de articularlo.

Y construir esa organización —no una papeleta nueva, no otra escisión, sino organización real con raíces reales— es la única tarea que merece el tiempo y la energía de quienes de verdad quieren cambiar esto.