La Vivienda, el Gran Teatro de la Inacción Política
Por Carlos Martínez, politólogo y miembro de Soberanía y Trabajo.
La crisis de la vivienda en España no es un fenómeno natural, como una
sequía o una plaga. Es una catástrofe social meticulosamente diseñada, un
síntoma terminal de un sistema político y económico que ha abdicado de sus
funciones esenciales para servir a intereses espurios. Lo que vivimos es el
abandono programado de las clases populares y trabajadoras, sacrificadas en
el altar de la especulación, el turismo masivo y la doctrina neoliberal impuesta
desde Bruselas. Y mientras, los partidos del sistema –tanto los que gobiernan
como los que aspiran a hacerlo– utilizan este drama humano como reproche
electoral, pero son absolutamente incapaces, o están del todo desinteresados,
en aplicar las soluciones prácticas, urgentes y contundentes que la situación
exige.
La gravedad es extrema. Generaciones enteras de jóvenes ven cómo el
proyecto de vida de tener un hogar se les escapa de las manos. Familias
trabajadoras destinan más del 50% de sus ingresos a un alquiler abusivo,
mientras son desalojadas para dar paso a apartamentos turísticos o a los
fondos buitre que acaparan el parque inmobiliario. Los centros de nuestras
ciudades y pueblos, especialmente aquellos con valor turístico, se vacían de
vecinos y de vida comunitaria para convertirse en parques temáticos para el
ocio transitorio. Esta no es una economía de mercado; es una economía de
saqueo.
La Farsa de la “Política de Vivienda”
El primer gran engaño es conceptual. Se habla de “mercado de la vivienda”
como si el acceso a un bien tan básico y con una oferta tan rígida como la
vivienda pudiera regirse por las mismas leyes que el mercado de los
smartphones. Esta concepción es terriblemente cruel. Obliga a las familias a
competir en una lucha desigual contra actores con un poder financiero
infinitamente superior: fondos de inversión internacionales, grandes tenedores
de patrimonio y la maquinaria global del turismo de masas. El Estado, en lugar
de actuar como garante de un derecho constitucional, se limita a ser un
espectador que, en el mejor de los casos, aplica parches inservibles.
La llamada nueva Ley de Vivienda, impulsada por Podemos y bendecida a
regañadientes por el PSOE que también impuso sus condiciones liberales, es
el ejemplo perfecto de esta farsa. Es un bodrio legislativo, lleno de agujeros y
ambigüedades, cuya aplicación efectiva depende en gran medida de la
voluntad de las comunidades autónomas, muchas de ellas gobernadas por la
derecha y la extrema derecha, cuyo credo es la no-intervención en el
“mercado”. Es una ley diseñada para el fracaso, para poder exhibir un titular
progresista sin alterar en lo más mínimo los fundamentos del problema. Es la
política del gesto vacío.
Detrás de esta inoperancia se esconde una cobardía estructural. El PSOE,
históricamente, ha mostrado una sumisión vergonzante al poder
socioeconómico del sector inmobiliario-financiero. Y esta cobardía se multiplica
cuando miramos a Bruselas. La Unión Europea se ha erigido en el gendarme
del neoliberalismo, imponiendo dogmas de austeridad, disciplina fiscal y
“flexibilidad” de mercado que atan de manos a cualquier gobierno que, en
teoría, quisiera implementar políticas soberanas y audaces. O bien la
burocracia corrupta de la UE es utilizada como excusa por los gobiernos para
no hacer nada o bien hacer el paripé de pedir permiso a una institución
neoliberal impuesta para destruir todo lo público y liquidar la soberanía de los
estados para someterla a los fondos buitre y de inversión. Bruselas nos ha
convertido en un gran parque temático barato para el turismo del norte de
Europa o ricos de Asía o América, y ahora, en un campamento militar para una
guerra absurda y peligrosa contra Rusia, que solo sirve a los intereses
geoestratégicos de la OTAN y desvía recursos billonarios que podrían
destinarse a lo urgente: vivienda, sanidad, educación.
Es obsceno ver cómo nuestros estúpidos gobernantes, o quienes aspiran a
serlo, se enredan en debates estériles mientras guardan un silencio cómplice
ante el genocidio palestino o el expolio sistemático de Cisjordania. Este mismo
cinismo es el que aplican a la crisis de la vivienda. El famoso rearme europeo,
presentado como una necesidad de seguridad, se financia con el sudor y la
sangre de las mayorías sociales, mientras la agenda “woke” importada de
Estados Unidos actúa como un caballo de Troya cultural, dividiendo a las
clases populares y desviando su atención de la lucha de clases, que es la única
que realmente importa: la de los que tienen el capital contra los que solo tienen
su fuerza de trabajo.
Medidas Urgentes y Posibles: La Voluntad que Falta
No es que no existan soluciones. Es que no existe la voluntad política para
aplicarlas. Si de verdad hubiera un compromiso con la gente, se adoptarían de
forma inmediata las siguientes medidas:
1. Recuperación de las competencias de vivienda. El modelo autonómico
español es un desastre en esta materia, creando 17 sistemas diferentes,
ineficientes y llenos de duplicidades. Es necesaria una nueva situación que
permita una estrategia estatal única, coordinada y con recursos suficientes. La
vivienda es un derecho fundamental y no puede depender del código postal.
2. Prohibición total de los pisos turísticos y de la conversión de bloques
enteros en alojamientos turísticos. No se trata de regular, sino de prohibir. El
negocio turístico ha demostrado ser un cáncer para el derecho a la vivienda.
Hay que expulsarlo de los espacios residenciales y devolver los barrios a sus
vecinos.
3. Expropiación de las viviendas en manos de fondos buitre y grandes
tenedores. Estos actores no son propietarios, son extractores de renta. Su
modelo de negocio se basa en la acumulación y la especulación, vaciando
ciudades y encareciendo el acceso a la vivienda. El Estado debe ejercer su poder de expropiación por causa de utilidad pública y social, integrándolas en un parque público de alquiler social.
4. Plan urgente de construcción y rehabilitación masiva para crear un
gran parque público de vivienda social. No hay atajos. Es necesario un
esfuerzo inversor del Estado, al estilo del que se hizo tras la posguerra por
ejemplo en Gran Bretaña, orientado al alquiler social asequible y en régimen de
cooperativa. Esto no solo solucionaría el problema de acceso, sino que
generaría empleo de calidad y reactivaría sectores económicos productivos. Al objeto de hacer posible este plan de urgencia y por justicia los bancos deberán devolver inmediatamente al pueblo y al estado todo el capital que les fue inyectado al objeto de rescatarlos.
Estas medidas no son imposibles. Tienen un coste político, sí: el de enfrentarse
a los poderes financieros y a los dogmas de la UE. Pero el coste de no
aplicarlas es infinitamente mayor: la condena a la precariedad vital de millones
de personas, el aumento de la desigualdad y la desesperación social que,
irremisiblemente, alimenta a la extrema derecha.
Un PSOE asimilado al wokismo cultural y una supuesta izquierda radical
perdida en sus batallas identitarias son el caldo de cultivo perfecto para que la
ultraderecha, con su discurso reaccionario y su práctica neoliberal feroz,
engañe a unas clases populares desarraigadas y enfadadas. Necesitamos ya
una herramienta política con la soberanía, la valentía y la claridad de ideas
para hacer algo. La vivienda no es un lujo, es un derecho. Y la batalla por la
vivienda es, hoy por hoy, la batalla por la democracia misma.